El Gobierno de Santa Fe declaró la emergencia sanitaria en atención pediátrica y neonatológica en toda la provincia por el término de 90 días. La decisión administrativa, instrumentada mediante el decreto Nº 1.212, responde a la crisis en que se encuentra el sistema de salud público por la falta de médicos pediatras, en medio del comienzo de los meses más fríos y con mayor demanda por cuadros respiratorios. 

El decreto autoriza a la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, a “reubicar al personal de su dependencia perteneciente a los distintos escalafones que revistan en carácter de titular, suplente o contratado, sin afectar el nivel de su remuneración”, con el objeto de “reforzar los servicios de salud en materia de atención pediátrica y neonatológica” en el territorio santafesino.

En otras palabras, la medida permitirá al Ministerio reubicar médicos para reforzar las regiones que lo necesiten. A su vez, se dota a la cartera de presupuesto para otorgar "módulos retributivos de pago" a profesionales de planta que presten servicios extraordinarios en el marco de la emergencia, por un costo que no podrá exceder los 214 millones de pesos en el trimestre.

Estos módulos deberán respetar el límite máximo de compatibilidad fijado en el artículo 15º de la ley N° 9282 (que versa sobre los escalafones para profesionales universitarios de la sanidad oficial), y también por la norma que regula a los Profesionales Universitarios de la Sanidad con especialidad en pediatría o neonatología, y el personal de enfermería y servicios generales.

Es decir que la ministra de Salud podrá disponer del traslado y reubicación de estos recursos humanos para abocarlos a las áreas de pediatría y neonatología, “pudiendo hacerse extensivo al personal contratado”, agrega el decreto. 

Voz de alerta y reclamo

Durante la primera semana de junio, la propia Martorano reconoció que se estaba “evaluando” la posibilidad de declarar la emergencia pediátrica. “En la provincia tenemos 1600 pediatras. Pero cuando vemos la distribución, 933 están en Rosario y 350 en la capital”, explicó en aquel momento en Radio 2. 

Esta inequidad, sumada a la dificultad para pagar horas extras a los especialistas que quieran hacer guardias, llevaron a la cartera sanitaria a buscar una solución temporal para un problema que se arrastra desde hace años y que tiene carácter nacional y hasta mundial, no solo con anclaje en Santa Fe. 

“Nos quedan departamentos donde tienen uno o dos profesionales. Hay un gran problema en la distribución”, explicó. Y abundó que estaban buscando “mecanismos administrativos para que, quienes quieran hacer guardias, las puedan hacer”, ya que contaban con inconvenientes para abonar “más de 48 horas de extras”.

En este contexto, pediatras y profesionales del sistema de salud público santafesino pidieron mejores condiciones laborales y reclamaron por déficits de planificación, estructurales y de recurso humano.

“Estos afectan especialmente a la población pediátrica, con mayor gravedad, en niños pequeños y con comorbilidades. Esta situación, no ocurrió con la misma magnitud desde el 2020 a la fecha, por el aislamiento preventivo durante la pandemia. Lamentamos que no se pudieran realizar gestiones que eviten el riesgo al que se exponen los usuarios del sistema de salud público, que sabemos son el sector de la población más vulnerable”, sostuvieron en un escrito.