La Cámara de Diputados de Santa Fe modificó la media sanción del proyecto de ley de emergencia en seguridad que había sido aprobada la sesión pasada por el Senado. Los cambios radican en ampliaciones de fondos específicos, destinados al fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad y el Organismo de Investigaciones. También el plazo de duración se extendió hasta fines de 2025 con la posibilidad de una prórroga. La iniciativa original del gobierno estipulaba el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.

Además, en su articulado, define un "programa de seguridad", donde le marca algunos ejes de gestión al Poder Ejecutivo provincial, algo que no fue aceptado en primera instancia por los senadores del oficialismo.

El proyecto modificado obtuvo media sanción por amplia mayoría, aunque el bloque Igualdad (integrado por los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet) y el bloque peronista de los legisladores Leandro Busatto, Matilde Bruera, Paola Bravo, Lucila De Ponti, Ricardo Olivera y Luis Rubeo, se opusieron a la duración de la emergencia hasta el año 2025.

De igual manera, los bloques Justicialista y Lealtad Kirchnerista también votaron en contra del artículo 3, referido a la autoridad de aplicación de la emergencia (Ministerio de Seguridad y Ministerio Público de la Acusación).

Una de las principales discusiones entre oficialismo y oposición era la duración de la Emergencia, el mensaje original de Gobierno marcaba hasta fines de 2023, luego el Senado agregó la posibilidad de una prórroga estimada hasta mediados del 2024 y finalmente la Cámara de Diputados, con mayoría opositora, marcó hasta el 2025, con la posibilidad de una extensión.

Uno de los fondos agregados destina 1.300 millones de pesos para las áreas de investigaciones, pero además, dentro de las modificaciones se contempla la posibilidad de la ampliación de cargos de planta permanente en los Organismos de Investigaciones y de categoría auxiliar para el Ministerio Público de la Acusación para las áreas que desempeñen tareas investigativas.

Otro fondo de 6.000 millones de pesos que puede ser aumentado por el Gobernador en un 50% transcurrido un año, será destinado a inversión en seguridad pública y el servicio penitenciario, "de esta manera además de las facilidades para gestionar, se crea un fondo para las compras que acelera los tiempos administrativos", explicaron en el Senado en su última sesión.

"Apuntes" de seguridad

El artículo cuarto establece un extensa lista de acciones que el Ejecutivo "puede llevar adelante" en relación a la gestión de seguridad. Entre las principales figuran:

• Reestructurar el esquema vigente de los Suplementos Salariales para atender situaciones excepcionales o de riesgo especial para el personal policial y penitenciario
• Construir, refaccionar y modernizar los inmuebles destinados a dependencias de las fuerzas de seguridad, poner en valor y funcionamiento la nueva infraestructura orientada a la operatividad policial en la ciudad de Rosario, estaciones policiales y comisarías, como así también la elaboración de programas de abordaje integrado con los gobiernos locales.
• Instrumentar mecanismos para la distribución de vehículos de acuerdo con las necesidades en materia de seguridad. Acelerar los procesos judiciales para las declaración de los bienes mostrencos (perdidos, abandonados o deshabitados) a los móviles antes referidos, para incorporarlos al patrimonio provincial.
• Elaborar y llevar adelante un plan de adquisición de patrulleros y para la reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados.
• Adquirir sistemas de video vigilancia propias o en convenios con municipios y comunas, junto con equipamiento y tecnología necesaria para fortalecer el sistema de seguridad pública y el Servicio Penitenciario.
• Brindar asistencia al personal policial y penitenciario en materia de soluciones habitacionales.
• Implementar Programas de Incentivo en Becas y Cursos para el personal policial y penitenciario.
• Adquirir equipos y sistemas informáticos destinados a dependencias policiales y penitenciarias que lo requieran.
• Construir, refaccionar y modernizar los complejos penitenciarios
• Revisión y rediseño del sistema de capacitación policial y penitenciario, para mejorar la calidad de la formación que imparte el Instituto de Seguridad Pública de la Provincia (ISeP) y a la Escuela Penitenciaria-
• Adecuación de las disposiciones vigentes para facilitar la participación de organizaciones sociales en la política de seguridad, llevar adelante acciones conjuntas tanto con éstas, como con los Municipios y Comunas otorgándoles mayor injerencia en tareas de colaboración en materia de seguridad pública en sus territorios, especialmente en lo referido a cuestiones operativas, preventivas y al establecimiento de controles cruzados.
• Establecer las medidas para iniciar de oficio investigaciones administrativas referidas a incrementos patrimoniales sustantivos del personal policial y penitenciario que no guarden proporción con sus respectivos ingresos.
• Elaborar un plan de equipamiento en las unidades penitenciarias para la provisión e instalación de equipos o sistemas de inhibición de señal o de llamadas de telefonía móvil o internet inalámbrica.
• Promover medidas para afectar el funcionamiento de los mercados ilegales, a fin de fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero.
• Fortalecer en materia de Recursos humanos, técnicos y logisticos de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria para programas de seguimiento, reinserción social y construcción de información estratégica.
• Ampliar la cantidad de sedes, junto con los días y horarios de funcionamiento de los Centros Territoriales de Denuncias.
• Adquirir un sistema de inteligencia balísticay un laboratorio a fin.

Centro de análisis penitenciario

La ley establece la creación del Centro de Análisis de Información Penitenciaria, que tendrá como objetivo la recopilación de información planificada en forma objetiva, estratégica y operativa, para detectar la actividad de personas privadas de la libertad, de las visitas y del personal penitenciario.

También busca establecer un control de las organizaciones que planean o se involucran en actividades delictivas, que puedan considerarse una amenaza al orden y a la seguridad interna o externa de un establecimiento penitenciario y a la seguridad pública.

A su vez, tendrá que establecer y evaluar estándares mínimos posibles de ser adaptados por las unidades penitenciarias en torno a la seguridad física, procedimental y dinámica. Deberá disponer de información centralizada de los reclusos y una categorización de los mismos en función del riesgo que representan para la seguridad.

La lupa en el uso de recursos policiales para custodias

En el artículo 28 de la ley que obtuvo media sanción se pide establecer un mecanismo de análisis a la hora de destinar recursos policiales para las mandas judiciales, es decir, cuando se ordene desde la justicia custodias fijas o intermitentes, supervisión de medidas no privativas de libertad o medidas de coerción atenuada, u otro motivo que dispusieran la asignación de recursos policiales a tareas de colaboración con el Poder Judicial o a otras tareas ajenas a sus funciones esenciales.