El gobernador Omar Perotti envió al Senado el proyecto de ley para declarar nuevamente el “Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario”, que perdió vigencia, con el objetivo de “atender la seguridad pública y al sistema penitenciario provincial a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”.

En el mensaje, que fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias, se sube el límite de 6 a 12 millones de pesos para la realización de licitaciones públicas y concursos privados para compras de patrulleros, armas, municiones, chalecos, uniformes y equipamiento en general. Además, para las obras públicas se eleva el tope de 9 a 18 millones de pesos en licitaciones privadas.
 
Asimismo, “las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento, las contrataciones de obras públicas así como las diversas gestiones que resulten necesarias para llevar adelante las acciones que demande conjurar el estado emergencia declarado por la presente se consideran comprendidas” en una situación de urgencia probada.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad deberá enviar la documentación en un plazo no mayor a la Legislatura y el Tribunal de Cuentas tendrá que emitir su análisis de legalidad en un plazo máximo de 20 días.

El Gobierno afirma que el proyecto “tiene por objeto poder disponer de mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en la materia, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana, entendida como el marco propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, posibilitando la realización de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad”.

Además, indica que “se pone de relieve la vigencia de la obligación del Estado provincial de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles tendientes a asegurar este derecho humano, priorizando la profundización de las políticas públicas en este sentido, en el entendimiento que los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”.

Y añade que “es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal -vinculada o no a hechos delictivos”.

Por otro lado, en la argumentación se ofrece una mirada sobre la actual situación carcelaria: “Su fundamento estriba en los informes que oportunamente fueron realizados en el ámbito de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario, a través del que se puso de manifiesto la situación de las diferentes áreas propias de la jurisdicción, siendo necesario concretar medidas urgentes para no menoscabar el cumplimiento de las misiones y funciones”.

“La descripción realizada en los informes da cuenta de una situación que se arrastra desde ya hace años y que se relacionan con las condiciones de seguridad, los traslados de internos, el cumplimiento de órdenes judiciales, la prestación de servicios de salud a los internos, las condiciones mínimas de habitabilidad para los internos (capacidad de alojamiento, alimentación, higiene, progresividad del régimen penitenciario), la superpoblación carcelaria, y el déficit de personal”.

En esta línea, el proyecto plantea que “en relación con los aspectos logísticos y de la administración financiera del Servicio Penitenciario, se torna necesario llevar adelante gestiones urgentes que correspondan a la compra de equipamiento mobiliario; al arreglo y la compra de móviles atentos a que el estado de los mismos es deficiente, no pudiéndose garantizar los traslados ordenados judicialmente en tiempo y forma o, de ser concretados, el estado de los móviles no garantiza la integridad física de los agentes e internos; la realización de obras de mejoras esenciales para las unidades penitenciarias que implican garantizar las condiciones dignas de habitabilidad para los internos y laborales para el personal”.

“Asimismo, es pertinente poner de relieve la necesidad de llevar adelante la construcción de nuevos espacios de alojamiento de internos y dotarlos de los recursos humanos pertinentes, puesto que el crecimiento de la población carcelaria y de la apertura de nuevos espacios de detención debe ser acompañada en la misma medida, situación ésta que no ocurre desde hace muchos años, impactando negativamente en todo el sistema, pero particularmente, en una exigencia laboral extrema de los agentes, recargando las horas de trabajo, y la calidad de servicio prestado, menoscabando su salud psicofísica”, sigue.