El Gobierno negocia cambios en la Ley de Tierras para conseguir apoyo en el Senado
El oficialismo analiza mantener un límite a la compra de tierras por parte de extranjeros para reunir los votos necesarios y avanzar con el proyecto de protección de la propiedad privada.
El Gobierno nacional analiza introducir modificaciones al proyecto de ley sobre la protección de la propiedad privada con el objetivo de reunir los votos necesarios para su tratamiento en el Senado. El principal punto de debate continúa siendo la regulación de la adquisición de tierras productivas por parte de extranjeros, un aspecto que ha generado resistencias tanto en sectores políticos como en organizaciones sociales.
La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, tiene previsto anunciar las modificaciones que se incorporarán a la iniciativa. Aunque el contenido definitivo aún se encuentra en negociación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, una de las alternativas que se evalúan consiste en mantener un límite a la propiedad extranjera de tierras, elevando el porcentaje actualmente permitido en lugar de eliminarlo por completo.
La posibilidad de introducir restricciones responde a las dificultades que enfrenta el oficialismo para conseguir apoyo parlamentario. Diversos legisladores de bloques dialoguistas comenzaron a manifestar reparos frente a un proyecto que, en su versión original, eliminaba todas las limitaciones para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Entre quienes expresaron dudas se encuentran senadores de distintas provincias, especialmente representantes de Misiones y la Patagonia, donde la preocupación por la preservación del territorio y la soberanía nacional ha cobrado mayor relevancia. La decisión final dependerá de las negociaciones políticas que continúan desarrollándose antes de la reanudación del debate legislativo.
El rechazo también se trasladó al plano social. Organizaciones civiles, partidos políticos y distintos sectores anunciaron movilizaciones frente al Congreso para manifestar su oposición al proyecto. A estas críticas se sumó la Iglesia Católica, que desde el inicio del tratamiento legislativo cuestionó diversos aspectos de la iniciativa, particularmente aquellos relacionados con la eliminación de programas vinculados a la regularización dominial de barrios populares, disposición que finalmente fue retirada del texto.
Asimismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó públicamente su desacuerdo con la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, diferenciándose de la postura impulsada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto será retomado en la sesión del Senado, luego del cuarto intermedio dispuesto tras el debate del 16 de julio. Además de las modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras, la iniciativa contempla reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por incumplimiento de pago, ocupaciones y usurpaciones, cambios en el régimen de expropiaciones y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que permitirían un uso más flexible de los inmuebles afectados por incendios u otras catástrofes.
La principal dificultad para avanzar con la propuesta ha sido la falta de consenso respecto del régimen de propiedad de tierras rurales. La legislación vigente, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15 % del territorio nacional, provincial o departamental, además de fijar límites para la concentración de esas superficies por un mismo propietario.
Frente a la imposibilidad de reunir los votos necesarios para eliminar completamente esas restricciones, el oficialismo evalúa una posición intermedia que mantenga controles, aunque con un porcentaje superior al actualmente permitido.
En el caso de empresas con participación de capitales estatales extranjeros, el proyecto mantiene un mecanismo de autorización conjunta entre la Nación y las provincias, que conservarían facultades para intervenir en la aprobación de las operaciones de compraventa.
Pese al optimismo manifestado por el bloque oficialista respecto de la posibilidad de conseguir los apoyos necesarios, distintos sectores de la oposición y algunos legisladores aliados continúan expresando reservas. Incluso, varios senadores que facilitaron el quórum en la sesión anterior aclararon que no acompañarán el capítulo referido a la venta de tierras.
A estas diferencias se sumaron cuestionamientos internos luego de que Federico Sturzenegger expresara su desacuerdo con otorgar a las provincias la facultad de establecer límites propios sobre la propiedad extranjera. Esa postura generó incertidumbre entre algunos legisladores, quienes temían que el Poder Ejecutivo pudiera vetar parcialmente la norma si el Congreso introducía modificaciones en ese sentido. Esta situación contribuyó a la decisión de postergar nuevamente la votación hasta la sesión prevista para esta semana.
