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El Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Alimentos y traspasó sus funciones al Senasa

El organismo absorberá las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos. Por su parte, el Ministerio de Salud concentrará su rectoría en la definición de política alimentaria.

El Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Alimentos y traspasó sus funciones al Senasa

El organismo absorberá las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos. Por su parte, el Ministerio de Salud concentrará su rectoría en la definición de política alimentaria.

El Gobierno nacional estableció este lunes modificaciones en el sistema de control alimentario al eliminar al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), un organismo que funcionaba bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y traspasar sus funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Lo hizo a través del decreto 697/2026 publicado en el Boletín Oficial, en el cual dispuso la disolución del INAL y la absorción por parte del Senasa de las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos.

Además, la normativa determinó que el Ministerio de Salud concentre su rectoría en la definición de política alimentaria, con foco inicial en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados, al mismo tiempo que se modificó el Código Alimentario Nacional (CAA), estableciendo por primera vez un plazo máximo para su actualización.

El INAL tenía tres funciones centrales: verificaba que los productos en el mercado cumplieran el CAA; autorizaba establecimientos, productos, importaciones y exportaciones; y realizaba pruebas bromatológicas y de inocuidad para detectar riesgos sanitarios.

Ahora esas competencias pasarán al Senasa. Según explicó el Gobierno, esta absorción de facultades “no es azarosa”, sino que el organismo nacional “ya cuenta con la infraestructura territorial de control alimentario más grande del país —laboratorios, cuerpo de inspectores y despliegue en todo el territorio nacional para producción primaria e industrial—, algo que el INAL nunca tuvo desplegado con esa escala. Se trata de una cuestión de capacidad operativa instalada, no de jerarquía institucional”.

Con esta reorganización se separan las funciones de control de las funciones de rectoría sanitaria: Senasa se especializa en la fiscalización operativa de alimentos en todo el país, mientras que el Ministerio de Salud concentra su capacidad técnica en la conducción de políticas de alimentación saludable, comenzando por la agenda de reducción de colorantes y saborizantes en productos procesados”, argumentaron.

Para el Gobierno, que el Senasa concentre las funciones del INAL consolidará “un sistema más simple, eficiente y previsible”, al mismo tiempo que “se eliminan las duplicaciones de competencias y controles, concentrando en el organismo el registro, el control y la fiscalización de importaciones de productos alimenticios”.

Además, autorizará y supervisará establecimientos oficiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que verifiquen normas del CAA.

Por otro lado, se reconocen por equivalencia las certificaciones de aditivos, coadyuvantes tecnológicos e ingredientes emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que aplican el Codex Alimentarius, evitando trámites y evaluaciones duplicadas.

Por otro lado, se establece una Base Única de Datos a cargo del Senasa, “centralizando la información y los registros de productos y establecimientos para agilizar la gestión y fortalecer la trazabilidad”, al mismo tiempo que se aplica “un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el CAA, brindando mayor previsibilidad, transparencia y agilidad al proceso de modificación de la normativa

Por último, desde el Gobierno entienden que estos cambios permitirán una agilización del comercio exterior, es especial, a lo que se refiere a la importación de alimentos envasados para venta directa, estableciendo controles posteriores al ingreso “para evitar demoras innecesarias en su comercialización”.

Asimismo, se “facilita la exportación de alimentos, estableciendo que los productos deberán cumplir los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional”.

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